Noticias Mayo 25
Cartagena.
Expertos en el tema opinan que el Gobierno Nacional debería ser el creador de un fondo de garantías para respaldar un posible seguro de desempleo.
“Se debe crear un fondo, que funcione como colchón, para que más aseguradores tengan el interés de entrar a este negocio”, explicó el presidente de la Federación Nacional de Aseguradoras de Brasil, Antonio Cássio, al señalar que con esta figura, el Gobierno se convertirá en un reasegurador en último término, dado que ninguna de estas compañías apoyan a las firmas que ofrecen esta póliza.
Además, el planteamiento del presidente de la República, Álvaro Uribe, sobre una renta directa para los desempleados, tampoco es vista de forma positiva por actores internacionales.
Para Cássio, lo ideal es que el amparo no entregue recursos a la persona, sino que esté atada a otros pagos, como lo son los recibos de servicios públicos y las cuotas de préstamos.
La entrega de un subsidio para las personas que pierdan su empleo, puede llevar a que haya despidos y contrataciones informales, o que las personas provoquen su salida del trabajo, para recibir los recursos.
Esta posición también es respaldada por el jefe para Latinoamérica de AON – Benfield, Alejandro Galizia, quien afirma que “el sector seguros podrá colaborar con los riesgos aleatorios en el desempleo, por ejemplo, en el pago de un crédito. Pero, este amparo y el financiamiento de la masa de trabajadores sin empleo, podrá tener recursos de empresas y del Gobierno, más no puede ser cubierto sólo por las aseguradoras”.
Otro factor que ha sido criticado en la propuesta del mandatario es que si se implementa un ahorro mensual, éste se convertirá en un cobro adicional para los trabajadores.
Uno de los modelos para la creación de la póliza es sustraer tres por ciento del sueldo de la persona, como un descuento de nómina, para que si llega a faltarle el empleo se active el amparo. Los montos de las ayudas dependerán del tiempo cotizado por el empleado.
El del viernes fue el primer encuentro entre el presidente de la República y el gremio asegurador, para discutir el tema, pero la posición del director de Fasecolda, Roberto Junguito, fue clara desde un principio: la póliza debe volverse obligatoria y estar atada a otros pagos.
“Los seguros funcionan de forma más adecuada cuando son obligatorios”, aseveró Junguito.
En la actualidad, las compañías aseguradoras ya han comenzado a crear amparos atados a recibos de pagos o a las cuotas de crédito, por ejemplo, Colpatria tiene 70.000 asegurados adicionales en su seguro con su banco. En general en el mercado hay 180.000 créditos cubiertos con este amparo.
Otros casos
El seguro de desempleo que otorga el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) a sus beneficiarios del crédito hipotecario, a diciembre de 2008, reconoció 14.427 cuotas a la entidad que equivalen a 4.379 millones de pesos. Este seguro, único en el sistema financiero, puede ser utilizado cuando el afiliado por diversas causas ha perdido su empleo. “Ampara despido sin justa causa, declaratoria de insubsistencia, despido a empleados de libre nombramiento y remoción, renuncia, mutuo consentimiento, terminación anticipada del contrato a término definido, supresión de cargos por fusión, así como transformación o liquidación de entidades o empresas”, indicó el presidente del FNA, Hernando Carvalho Quigua.
Pocas posibilidades para eliminar el cuatro por mil
Son ciertos los argumentos de la Asobancaria sobre los inconvenientes del gravamen a los movimientos financieros (GMF) en cuanto a las distorsiones que genera en el sistema financiero, al incremento de sus costos y porque impulsa la desbancarización, sin embargo, hoy el gran problema del 4 x 1.000 no es el impuesto como tal, sino cómo podría el Estado desmontarlo en plena época de desaceleración, justo cuando sus ingresos tributarios caen.
Esto implicaría, para el gobierno, dejar de recibir unos recursos que evidentemente necesita, máxime cuando requiere hacer reaccionar la economía.
Lo que no parece claro, aparte de corregir distorsiones, son las ganancias que la economía tendría hoy, excepto que se demuestre que muchos de los agentes que están por fuera del sistema son informales con capacidad económica y que tendrían beneficios e interés en retornar al sistema una vez se desmonte el tributo, abandonando así la solución informal a la que han recurrido por varios años- de pronto toda una vida- soportados en todo tipo de racionalidades para ello.
Tampoco es claro que, si una vez sea desmontado ese costo para los agentes que están actualmente dentro del sistema financiero, se conseguiría liberar una masa importante de recursos que gastarían en otros sectores de la economía, ayudando así a su recuperación en una forma más eficiente de lo que podría hacerlo el Estado gastando en forma directa.
Más aún, existe algún motivo cierto para esperar que al ampliar la escala de clientes y usuarios del sistema financiero y eliminar los factores que lo distorsionan, éste conseguiría ser más eficiente y contaría ahora sí con las condiciones para reducir sus tarifas y márgenes y aplicarse en una estrategia de profundización del crédito -no sólo del sistema de pagos- con consecuencias inmediatas en la reanimación de la economía y de más largo plazo en las transformaciones productivas y socioeconómicas.
Ahora bien, aunque la base de contribuyentes y las cargas tributarias se han incrementado en los gravámenes clásicos de renta, patrimonio, ventas e industria y comercio, siguen siendo insuficientes los recursos para un Estado que ha aumentado sensiblemente su gasto y que por ello debe acudir a mecanismos de ‘captura’ que generan distorsiones al sistema económico.
Es probable que el Estado gaste mucho, pero también es cierto que en una economía tan informalizada no resulta fácil la captación de tributos en la fracción de la población que tendría capacidad económica para pagarlos.
A pesar de los avances en los sistemas de información e identificación de contribuyentes potenciales, no se puede aspirar a encontrar con facilidad y a bajo costo nuevas fuentes de recursos y por ello, ante las presiones del gasto público, la salida más cómoda es la de sobrecargar a los mismos contribuyentes y recurrir a sistemas de captura de bajo costo.
Sin duda, no serán rápidos los logros en captación de fuentes alternativas de tributos en una economía en la que de los 16 millones que están ocupados, solo cerca de la mitad son formales y la gran mayoría de ellos gana únicamente el salario mínimo; en la que además alrededor de un 85 por ciento de las empresas son micro, pequeñas o medianas -buena parte de ellas también en la informalidad-, y en la que existe una gran economía subterránea ilegal que no está interesada en dejarse contar y evade su paso por el sistema financiero.
La elevada informalización de la economía no obedece exclusivamente al peso y costo de las regulaciones o a la dimensión de la economía subterránea ilegal, sino que también se debe a la dualidad de la economía colombiana: con incipientes niveles de industrialización y de desarrollo del sector moderno de los servicios y de la agricultura. Estos resultan insuficientes e incapaces de ofrecer alternativas de ocupación e inversión productivas, que sean atractivas frente a las opciones de la informalidad.
Herramienta para el recaudo de impuestos
En Latinoamérica y Colombia, históricamente el Estado ha usado al sistema financiero como una herramienta ante sus limitaciones e incompetencias, lo que ha causado distorsiones y sobrecostos en ese sector de la economía, con consecuencias sobre los demás.
En las décadas de los años 70 y 80 del siglo pasado, a la banca se le obligaba a hacer inversiones forzosas y a redescontar recursos en diferentes tipos de fondos de fomento lo que llegó a significar una forma de represión financiera.
Hoy esa situación ha mejorado ostensiblemente, sobre todo a partir de las reformas económicas de los años 90, pero aún subsiste. Muestras de ello son el recaudo de los GMF y la retención en la fuente, que además de distorsionar la operación del mercado financiero genera desbancarización porque los agentes económicos tratan de ‘sacarle el cuerpo’ al tributo.